Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 12 de enero de 2015, p. 39
Aunque Prospera, la nueva estrategia social del gobierno federal, considera el acceso de los hogares a los programas productivos, éstos tienen fallas, como la falta de seguimiento de los proyectos y que los intermediarios han resultado ineficientes; son un obstáculo para la evaluación, y fomentan la corrupción
, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Reconoce que el gobierno federal ha planteado un cambio importante
a partir del programa Prospera, con una mayor inclusión financiera para la población en pobreza extrema, lo que privilegia el acceso de los hogares a programas productivos y al Sistema Nacional del Empleo.
Pero hay fallas en los propios programas de apoyo productivo, los cuales están dispersos en varias secretarías de estado, deben contar con sistemas integrales de participación y si en la práctica no incluyen a familias de Prospera será difícil ver mejoras de ingreso en los núcleos más pobres.
Diagnóstico sobre apoyos
El gobierno federal opera múltiples programas sociales y cuenta con instituciones financieras que buscan apoyar la generación de ingresos por parte de los estratos sociales más pobres, con atención especial para los habitantes de zonas rurales y semiurbanas, explica el Coneval en el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014.
Detalla que básicamente se han utilizado tres estrategias en este tipo de programas, que son las transferencias directas al ingreso; el otorgamiento directo e indirecto de crédito para el apoyo de proyectos productivos de los sectores de bajos recursos y transferencias no rembolsables para la adquisición de activos con fines productivos.
Sobre las intervenciones en el mercado crediticio dirigidas al financiamiento de proyectos de autoempleo que generen ingresos mediante programas de microcréditos o de transferencias no rembolsables, menciona que se identificaron problemas como el que sus efectos son de carácter transitorio y que las instituciones financieras del Estado y programas que ofrecen microcrédito compiten entre sí.
También se ha detectado que son insuficientes los indicadores para medir aspectos específicos de los objetivos de los programas; falta información sobre el ingreso de los beneficiarios, así como de la situación en la cual se pretende incidir y hay falta de seguimiento de los proyectos.
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