Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 28 de junio de 2014, p. 35
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud (Ssa) emitió lineamientos específicos para la contratación directa de servicios –sin licitación pública–, así como de consultores y asesores, a fin de evitar incumplimientos en la normatividad, señalados en años pasados por ese organismo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Irregularidades de este tipo se han presentado en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) por causas diversas, como la falta de comprobación sobre el uso de recursos económicos autorizados para financiar proyectos de organizaciones de la sociedad civil, o la contratación de personal por honorarios para la realización de actividades que duplican a las que corresponden al personal de base.
Ahora mismo varios proyectos están detenidos porque aunque plantean actividades específicas para mejorar la atención médica a las personas que viven con VIH/sida, no cumplen con los requisitos legales y administrativos para su ejecución.
Información proveniente del Censida señala que el organismo diseñó un plan para proveer de medios de transporte a mujeres que viven en zonas alejadas y requieran ser atendidas en alguno de los centros ambulatorios para la prevención y atención en sida e infecciones de transmisión sexual.
Entre otros, también se propuso al inicio del año la adquisición de vacunas contra el virus de papiloma humano. El biológico previene el desarrollo de cáncer cérvico uterino, el cual de acuerdo con investigaciones científicas es frecuente entre mujeres portadoras de VIH.
El problema es que Censida carece de las facultades para llevar a cabo estas actividades y así se lo ha señalado el OIC. Por lo tanto, está imposibilitado para invertir parte del recurso que tiene autorizado para poblaciones vulnerables.
En el oficio más reciente, de 12 de junio de 2014, dirigido a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el OIC advierte que las unidades administrativas y órganos desconcentrados –como Censida– deben poner mayor atención a fin de evitar incurrir en omisiones a la normatividad, en específico, la Ley de Adquisiciones y los casos en que se requiera de compras directas, sin licitación pública.
En años pasados, Censida recurrió, sin justificación, a este método para la adquisición de medicamentos antirretrovirales. En 2011 específicamente el organismo compró fármacos por 381 millones de pesos, mediante adjudicaciones directas y recibió productos que tampoco cumplían los requisitos de ley.
Durante 2010 y 2011 contrató asesores especializados sin contar con autorización de la Ssa, no pudo comprobar el destino de más de 7 millones de pesos, además de que las actividades objeto de la contratación podían haber sido efectuadas por trabajadores de base.
Ahora, el OIC recuerda a los funcionarios de la Ssa que deben enviar un informe mensual de las adquisiciones efectuadas, acompañado de un dictamen con el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato.
El oficio que ya fue renviado a las unidades administrativas y organismos dependientes de la subsecretaría también detalla los lineamientos para la contratación de servicios con otras entidades públicas, así como los requisitos para la contratación de asesores, consultores, estudios e investigaciones. Estos últimos deben cumplir con los requisitos que en años pasados se omitieron y dieron lugar a observaciones en auditorías.
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