Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 26 de junio de 2014, p. 37
Pese a lograr que un tribunal reconociera la ilegalidad de las asambleas mediante las cuales se les pretende despojar de su territorio, diversas comunidades del estado de México alertaron que siguen en peligro, ya que las autoridades han desacatado este tipo de fallos en anteriores ocasiones, y además enfrentan un decreto expropiatorio del presidente Enrique Peña Nieto, firmado el mes anterior.
En conferencia de prensa, José Luis Fernández, activista de la localidad de San Francisco Xochicuautla, informó que el pasado 12 de mayo el tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito ordenó al magistrado del tribunal unitario agrario número 9 que anule una asamblea realizada el 14 de agosto de 2011 en dicha comunidad, en la cual se aprobó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Pese al fallo, habitantes de los 14 pueblos que se verían afectados por la mencionada carretera siguen siendo víctimas de amenazas y hostigamiento para obligarlos a desisitirse de la defensa de sus territorios y recursos naturales, lamentó.
Los activistas indicaron que en un recorrido hecho el martes por el paraje conocido como Llano de los Negros, en la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan, se descubrió que las hectáreas expropiadas en un decreto presidencial del 29 de mayo pasado, ya hay graves afectaciones a la flora y fauna del lugar, lo mismo que en San Francisco Xochicuautla, a pesar de que forman parte de un área natural protegida.
La carretera, recordó Fernández, empezó a construirse hace siete años, mediante la estrategia de organizar asambleas de bienes comunales que no cumplían los requisitos de ley para ser válidas, en las cuales se aprobaba la edificación de la autopista –a cargo de Autovan SA de CV–, la cual tiene un avance de 30 por ciento.
Los afectados, muchos de ellos de origen otomí, destacaron que este proyecto perjudicaría una amplia zona boscosa que capta el agua que abastece al sistema Cutzamala, por lo que además de significar un ecocidio y un despojo a los pobladores, podría alterar también el suministro de agua para las ciudades de México y Toluca.
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