Movimiento magisterial de 1958 (Foto: http://hicu1.dosmildiez.net/marcov/?cat=39)
V
ándalos. Delictivos. Salvajes. Nacos. Holgazanes. Los mantenemos con nuestros impuestos y en vez de estar trabajando en sus lugares de origen vienen a la capital a causar embotellamientos, grescas, retrasos, pérdidas económicas, caos y barbarie. Han secuestrado a la ciudad con todos sus habitantes. No luchan por sus derechos, sino por privilegios indebidos, originados en la corrupción. Se oponen de manera irracional a la modernización del sistema educativo ideada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Deben ser reprimidos sin miramientos.
Tal es el retrato que la mayoría de los medios presenta de las movilizaciones magisteriales que tienen lugar en estas horas en el Distrito Federal. El producto es diseñado por los altos ejecutivos de los consorcios mediáticos –nunca se sabe cuándo están en sus oficinas corporativas, y cuándo, desempeñando cargos oficiales o funciones legislativas–, emplea el insumo de la rabia ciega de algunos que se quedan atrapados en medio del embotellamiento y lo presenta, multiplicado y deformado, al gran público.
Nunca se pone en el relato que los maestros están aquí porque no fueron tomados en cuenta, ni mucho ni poco, en la formulación del paquete peñista de modificaciones legales, el cual no tiene gran cosa de modernizador en el ámbito de la enseñanza y sí mucho de devastador de los derechos laborales de los profesores (es, de hecho, una reforma laboral bis antes que una reforma educativa). No se habla de las afectaciones a la seguridad en el empleo, a la educación gratuita como derecho universal, a las pensiones. No se dice que es la clase política del país (presidente, gobernadores, legisladores) la que ha generado, con su insensibilidad, su arrogancia, su prepotencia y su entrega a los intereses privatizadores corruptos, las movilizaciones magisteriales en el Distrito Federal.
El interés se concentra en la herida, pero omite toda referencia al arma que la causó. Desde luego, los medios mayoritarios no dan cuenta de su propia manera tramposa de presentar los hechos, como si ésta no fuera un causal adicional de agravio para el sector independiente, combativo y lúcido del gremio magisterial. Y parece que si los profesores movilizados rodean sedes legislativas, embajadas, el aeropuerto y sedes corporativas de las televisoras, lo hacen por joder al señor del Sentra, a los pasajeros del microbús, a la señora de la Grand Voyager y a los conductores del camión repartidor. O para causar pérdidas a los accionistas televisivos. O para echarle a perder el informe a Peña.
Las molestias, las pérdidas y la indignación son, desde luego, comprensibles, pero el aparato mediático del régimen ha realizado un gran esfuerzo por concentrar el enojo en el objetivo equivocado. Se habla de los miles de horas/persona perdidos en el caos vial, de las citas con el médico arruinadas, de las ventas frustradas. Pero, desde luego, casi nadie se toma la molestia de poner en perspectiva esas afectaciones por las marchas de los maestros con el dato monstruoso de que el crecimiento económico real del país perderá dos o tres puntos con respecto a las previsiones iniciales: billones de pesos de pérdidas.
No se dice, tampoco, que el derecho al libre tránsito en el territorio nacional es, desde hace tiempo, una dolorosa quimera, y ello debido en gran parte a la labor privatizadora y desintegradora del régimen oligárquico y neoliberal que arrancó formalmente en la usurpación de Carlos Salinas y que continúa hasta la fecha en la presidencia comprada de Peña Nieto.
Vamos a ver: en los años transcurridos entre uno y otro la fiebre privatizadora ha hecho añicos el derecho que se menciona, y que está consagrado en el artículo 11 constitucional: Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país
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Pueden, de entrada, preguntar a los migrantes centroamericanos, o incluso a los mexicanos, si esas palabras conservan alguna vigencia en el México actual. Pueden preguntárselo también a los millones de ciudadanos que se ven obligados a realizar, en sus desplazamientos cotidianos por esta ciudad, enormes rodeos de barrios enteros, debido a que los vecinos del lugar privatizaron a la brava, y con completa impunidad, las vialidades públicas. O inquieran entre los usuarios del transporte público y los automovilistas que padecen los embotellamientos artificales causados en los carriles de libre circulación del Periférico por el perverso trazado de los segundos pisos de paga.
Nadie se ha indignado tanto como con los maestros cuando una constructora insolente se come uno o dos carriles, durante meses, para facilitarse las tareas de construcción de un edificio y ahorrar costos; que a nadie mueve a ira la instalación de los tianguis que descagalan la circulación e impiden el acceso a colonias completas; nadie la arma de jamón contra los ciclistas cuando se les otorga, en forma perfectamente irracional, el uso exclusivo de los carriles centrales de Reforma, y se confina el flujo de automotores a las laterales (en vez de hacerlo al revés, cosa que tendría mucho más sentido); nadie se molesta por los desmadres viales que arman las peregrinaciones a la Basílica; nadie maldice a los santos de las fiestas patronales que se instalan, con todo y feria, y que por supuesto impiden u obstaculizan severamente el tránsito.
Cierto: todas esas situaciones se limitan a la o a las ciudades. Ahora piensen en las severísimas restricciones a la libertad de tránsito que imperan en el territorio nacional debido a la catástrofe de seguridad nacional impulsada por gobiernos priístas y panistas. En este país pletórico de retenes, levantones y balaceras, ¿de veras no les da cosa agarrar el coche o el camión para vacacionar en Playa Bagdad, Tamaulipas, o para lanzarse por fayuca a Nuevo Laredo, o a comprar artesanías a Paracho y Olinalá? ¿Y por qué los bloqueos viales realizados por el narco en Monterrey no generaron, ni por asomo, una indignación equivalente a la que ahora promueven el poder público y los medios alineados contra los profesores movilizados en el DF? La respuesta es simple: se llama la magia de la televisión
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¿Y quiénes son los responsables? Sí, claro: los integrantes de la delincuencia organizada. Pero, ¿quiénes habrían debido impedir que esa delincuencia lograra el control territorial que hoy detenta? Bien: si les incomoda responsabilizar a los panistas, con Calderón a la cabeza, ni a los priístas, empezando por Peña (échenle un ojo al incremento delictivo en el Edomex durante el gobierno del hoy titular del Ejecutivo), podemos, si quieren, echarle la culpa a los maestros de la CNTE.
Y sigan, también, calificándolos de salvajes, vándalos, holgazanes, ignorantes, mantenidos con nuestros impuestos (dato: el dócil SNTE gozó el año pasado de 28 mil licencias sindicales para sus afiliados), pero luego no lloren cuando, gracias a ese espíritu modernizador tan características de Salinas y de Peña, los hijos y los nietos de ustedes se queden sin escuela, y ustedes, sin pensiones.
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