Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 29 de junio de 2013, p. 37
Las diferencias en salud entre México y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son abismales. Además de un bajo nivel de inversión (6.2 por ciento del producto interno bruto), casi la mitad del gasto para la atención de enfermedades (47.8 por ciento) lo hacen las familias con sus ingresos, mientras en las naciones desarrolladas, el desembolso promedio familiar es de 19.15 por ciento.
En cambio, México destaca
porque es el segundo con el mayor nivel de gasto en medicamentos entre los miembros del organismo internacional, el cual asciende a 28.3, contra 17.2 como porcentaje del gasto total en salud. El problema es que el monto que destina nuestro país a este rubro no corresponde con el desabasto de medicinas en el Seguro Popular y que en algunos estados es de 30 por ciento, como han reconocido las autoridades.
Además, de acuerdo con otros análisis, un desembolso elevado por medicinas se debe a que nuestro país compra caro
y de manera desorganizada. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las entidades pagan precios diferentes –hasta tres veces más caros- por los mismos productos.
El caso de Tabasco
Informes oficiales dan cuenta de lo anterior y de que la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) contribuyó a reorganizar la inversión y asegurar que en todos los estados se garantizará
el financiamiento de los servicios médicos. Sin embargo, existen irregularidades y deficiencias como la denunciada en Tabasco a finales de 2012.
En esa entidad del sureste del país, el dinero del Seguro Popular se destinó a otros fines. Es la evidencia de que por la falta de mecanismos de control sobre el uso del dinero no existe la garantía de una protección efectiva de la salud de las personas. Por eso, ahora la Secretaría de Salud (Ssa) trabaja en el diseño de un mecanismo para reforzar la vigilancia y supervisión sobre el uso de los presupuestos, según comentó la titular del ramo, Mercedes Juan López, el pasado jueves en la ceremonia de clausura de la 32 Asamblea General de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Este asunto fue señalado desde hace por lo menos tres años por legisladores y funcionarios, pues desde la puesta en marcha del SPSS y su brazo operativo, el Seguro Popular –el financiamiento público destinado a la salud de las personas que carecen de acceso a la seguridad social– creció de manera sustancial, al pasar de 7 mil 750 millones de pesos en 2004 a más de 150 mil millones de pesos en 2013.
A nivel nacional significó un incremento de 0.5 puntos porcentuales del gasto en salud como proporción del PIB para llegar a un total de 6.2 por ciento. Sin embargo, este aumento en el financiamiento público no ha tenido hasta la fecha repercusión en la disminución del gasto que hacen las familias de sus propios ingresos para la atención de sus padecimientos.
Del total de recursos que se destinan a salud, 47.8 por ciento lo aportan las familias, a diferencia de lo que ocurre en los países de la OCDE, donde sólo 19.15 por ciento es gasto de bolsillo.
Una parte de la explicación la dio la Ensanut 2012: a pesar de que con la operación del Seguro Popular está garantizada la atención de la mayoría de las enfermedades que afectan con más frecuencia a los mexicanos, en la realidad, una tercera parte de los pacientes con afiliación a este esquema acuden a servicios médicos privados y lo mismo ocurre con los derechohabientes de la seguridad social.
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