Periódico La Jornada
Martes 30 de abril de 2013, p. 46
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, y la Casa del Migrante, entre otras organizaciones no gubernamentales, pidieron al gobierno cumplir con las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de fray Tomás González, Rubén Figueroa y personas alojadas en el Refugio para Migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco.
En conferencia de prensa, representantes de dichas ONG puntualizaron que también se solicitó a las autoridades mexicanas que informen sobre las investigaciones de los ataques contra los migrantes y de las amenazas en contra de quienes defienden los derechos de aquéllos. El mecanismo nacional para la protección de los defensores de derechos humanos se activó para dicho caso, pero ninguna medida de infraestructura, cámaras o patrullas policiacas será suficiente para garantizar la seguridad del Refugio de La 72 si los agresores permanecen en libertad y no son sancionados por los delitos que están cometiendo
, subrayaron.
Los integrantes de las ONG –el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Migrante Mesoamericano, Propuesta Cívica y SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados– refirieron que las personas que se dedican a extorsionar, amenazar y hostigar a los migrantes han dicho que quieren la cabeza de fray Tomás
.
Expusieron su preocupación, ya que las tres personas identificadas por los migrantes como sus agresores fueron liberadas y posteriormente acusaron a fray Tomás y Rubén Figueroa de quedarse con los donativos para el refugio y dar nada a los migrantes
. Los señalamientos provocaron que fray Tomás fuera llamado a comparecer ante el agente del MP como probable responsable de un delito inexistente, en tanto las denuncias penales en contra de los extorsionadores de migrantes no avanzan.
Permitir que los agresores limiten la labor de las casas de migrante es aceptar que el crimen y la corrupción se apoderen de crecientes regiones del país
, advirtieron.
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