Goldcorp, líder mundial en extracción de metales preciosos, inició actividades a principios de 2005 en El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros. Dicho complejo se denomina PeñasquitoFoto Alfredo Valadez
Patricia Muñoz y Alfredo Valadez
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 15 de abril de 2013, p. 42
El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.
El expediente del litigio señala que para establecer la mina esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos
.
Éstos aseguraron que Goldcorp les pagó 50 centavos por metro cuadrado como renta anual por sus tierras, de las que la trasnacional obtiene mensualmente millones de dólares en oro y plata.
Con este fallo, emitido luego de cuatro años de litigio y una vez agotadas definitivamente todas las instancias judiciales, Goldcorp está obligada a restituir sus tierras a los campesinos, además a pagarles una indemnización. Esto es porque se falló en contra de la trasnacional, que todavía intentó obtener un amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en contra de lo que ya había dictaminado el tribunal superior agrario el 17 de enero.
La resolución jurídica se dio luego de un conflicto agrario que inició en 2009 y luego de cuatro años se resolvió en favor de los ejidatarios.
La sentencia de amparo emitida por un tribunal federal es la 528/2012 del 17 de enero de este año (auxiliar número 1176/2012) e indica que la resolución debe ser ejecutada de inmediato.
De esta forma, la minera Peñasquito, que forma parte del consorcio Goldcorp, tendrá que restituir a los ejidatarios zacatecanos sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México, y uno de los más grandes del mundo.
Además, tiene reservas probadas de oro, plata, cobre y zinc por un monto que rebasa 20 mil millones de dólares, una producción de 500 millones de onzas de oro anual y emplea a más de 3 mil 500 trabajadores.
La información detallada en el voluminoso expediente de este caso indica que en el municipio de Mazapil, Zacatecas, Goldcorp, líder mundial en la extracción de metales preciosos, inició actividades a principios de 2005 en cuatro ejidos: El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros. A dicho complejo minero se le denominó Peñasquito y es operado por esta empresa.
Aunque el gigantesco proyecto minero de Goldcorp ocupa un predio de 5 mil 400 hectáreas en el Valle de Mazapil –sobre tierras rentadas
a cinco ejidos distintos–, las 599 hectáreas del ejido Cerro Gordo corresponden a una de las principales áreas que explota la empresa productora de oro en México.
Señala que para establecer la mina, reubicó con engaños a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Falsificó títulos agrarios e incumplió acuerdos con ellos.
Por esta situación, 29 familias de ejidatarios de Cerro Gordo, encabezados por los campesinos Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa, así como el presidente del comisariado ejidal, Manuel Ordóñez Saucedo, demandaron a Goldcorp en un proceso jurídico inédito que pudo haber durado muchos años, pero se resolvió en cuatro.
Los abogados Hugo Teniente y Alfonso Herrera, documentaron episodios de engaño y abusos por parte de Peñasquito, filial de Goldcorp, la cual, según señalaron, explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano
., según documentan en el expediente de origen 412/2009; con un recurso de revisión número 16/2012-01.
Indicaron que a solicitud del juez, las partes se reunirán el martes 16 abril, en el tribunal unitario agrario de Zacatecas para iniciar el proceso de ejecución, pues Goldcorp ya no tiene ninguna opción legal para negociar o ampararse
. Información que fue ratificada por el diputado federal José Isabel Trejo.
En sus informes a los accionistas, el consorcio documentan más de 2 mil millones de dólares de utilidades entre 2010 y 2012.
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