Violencia contra pueblo y movimientos política instrumentada desde el poder

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2013, p. 42

Los actos de violencia del Estado mexicano en contra de los movimientos sociales o de la población en general se han ejercido desde hace décadas, tratando al mismo tiempo de hacerlos aparecer como responsabilidad de unos cuantos funcionarios y no como una política instrumentada desde los círculos más altos del poder.

Así lo afirmaron los participantes en los foros Violencia sistemática en México: la Guerra Sucia (1976-1990) y Estado neoliberal y represión política (1975-1990), organizados ayer por el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nicómedes Fuentes, integrante de la Comisión de la Verdad en Guerrero –organismo responsable de investigar al menos 600 desapariciones forzadas entre 1969 y 1979– afirmó que desde el primer caso registrado de desaparición forzada en México, los sucesivos gobiernos del país han utilizado esa herramienta para desmovilizar a la oposición e incluso para destruirla en algunos casos.

Uno de los elementos básicos de dicha estrategia, añadió, es negar la responsabilidad de todo el aparato de gobierno en los hechos y descargarla en personajes particulares que se habrían extralimitado en sus funciones, como los militares Arturo Acosta Chaparro o Isidro Galeana Abarca, con tal de encubrir a sus superiores.

Por su parte, el periodista José Reveles coincidió en afirmar que desde finales de la década de los 60 ya se registraban desapariciones forzadas, cometidas por entidades del gobierno como la extinta Dirección Federal de Seguridad.

A todos esos casos, dijo, habría que sumarle los ocurridos durante la guerra masiva de Felipe Calderón contra el crimen organizado, cuyas cifras de daños todavía se están discutiendo, subrayó el autor.

Raúl Álvarez Garín, integrante del Comité 68, destacó que en la búsqueda de la verdad sobre estos crímenes es necesario conjuntar los aspectos meramente técnicos con el análisis sociológico de lo que significan y los aspectos legales del acceso a la justicia.

Beatriz Torres, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hizo un recuento histórico de la forma en que Estados Unidos ha participado en la aplicación de técnicas represivas en todo el mundo, al tiempo que puso de relieve los esfuerzos latinoamericanos por superarlos y buscar sus propios caminos hacia el desarrollo.

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